Foto de Archivo. CNN
(CNN). Inmigrantes, empleadores y grupos que trabajan con ellos ya están tomando medidas ante el segundo mandato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido deportar a millones de personas.
Algunos temen cómo la nueva administración podría afectar a sus familias, mientras que otros tienen la esperanza de que los planes —si se materializan— mejoren las cosas.
Los aliados de Trump están discutiendo opciones de deportación y detención, con la visión de que abordar la cuestión de la frontera entre Estados Unidos y México sea prioridad desde el primer día. Una fuente familiarizada con los planes preliminares del equipo dijo a CNN que es probable que uno de los primeros objetivos sea expulsar a los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos.
Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes temen que pronto los planes de deportación vayan más a fondo en las comunidades estadounidenses y afecten a personas que, según ellos, tienen derecho a vivir aquí.
"No se equivoquen: las deportaciones masivas perjudicarán a los millones en la mira de Donald Trump, a las familias y comunidades de las que forman parte, y a cada persona en nuestro país. Arrancarán a los padres de sus hijos, destruirán negocios y medios de vida, y devastarán el tejido de nuestra nación y nuestra economía", dijo Juan Proaño, CEO de LULAC.
Un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) afirma que su planificación de recursos legales ya está muy avanzada.
"Nos hemos estado preparando para un segundo mandato de Trump durante casi un año, con un enfoque en las políticas más draconianas posibles, incluida la amenaza de usar a las fuerzas militares para la deportación, lo cual es rotundamente ilegal", dijo Lee Gelernt, un abogado de ACLU que participó en muchos de los casos de más alto perfil durante el primer mandato de Trump.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes dijo que sus abogados también estaban listos.
"Continuaremos nuestro trabajo de proporcionar representación legal crítica a inmigrantes y refugiados, luchando para mantener a las familias unidas, defendiendo el acceso al asilo y abogando por el fin de la detención arbitraria y la deportación injusta", dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del centro, en un comunicado.
"¿Qué pasa ahora?"
Cesar Espinosa, un líder de la comunidad hispana de Houston, dijo que ha recibido muchas llamadas y mensajes de personas preocupadas desde que Trump ganó la reelección el miércoles temprano.
"Podemos sentir la sensación de incertidumbre de mucha gente. Mucha gente se pregunta: '¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos?'", dijo.
Algunos forman parte de las llamadas familias de estatus mixto, compuestas por ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados. Y el temor es que los no ciudadanos se conviertan en objetivo inmediato, dijo Espinosa, que es residente legal permanente, o titular de una "tarjeta verde".
Dice que intenta calmar los temores diciendo que las deportaciones masivas, sobre todo de no criminales, llevarán tiempo. Mientras tanto, lleva la cuenta de cuándo podrá solicitar la naturalización estadounidense, para lo que aún faltan más de dos años.
Los defensores se movilizan
En California, donde los agricultores dependen de la mano de obra inmigrante, se renovó la petición de una reforma de la inmigración que permita la entrada a Estados Unidos de personas para trabajos agrícolas temporales. También se reclama un estatuto legal para la mano de obra actual.
"Debemos centrarnos en paliar la escasez crónica de trabajadores en las granjas y ranchos de California y reducir las barreras al empleo", dijo en un comunicado a CNN Shannon Douglass, presidenta del California Farm Bureau.
Un trabajador agrícola usa ropa protectora mientras trabaja en un campo durante el calor de la mañana el 3 de julio de 2024, cerca de Coachella, California. (Mario Tama/Getty Images)