Los procesados se defenderán en libertad tras la medida que recibieron por parte del juez encargado del caso.
Honduras. Fiscalía Especial para la Transferencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró auto formal procesamiento con medidas sustitutivas para cuatro ciudadanos acusados de estar supuestamente involucrados en el fraude que perjudica a la Administración Pública de Honduras en el caso llamado "Desfalco inhumano en salud".
Los procesados formalmente son: Miguel Ernesto Flores Cisneros, por el delito de fraude. Moisés Torres López, fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Douglas Moisés Ramírez Avilés, encubrimiento de fraude.
Roberto Carlos Meza Figueroa, acusado de dos delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Los procesados se defenderán en libertad tras la medida que recibieron por parte del juez encargado del caso.
De acuerdo a las investigaciones, se realizaron compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, resultaron en un presunto fraude al Estado de Honduras por más de doscientos veinticuatro millones de lempiras (L. 224,994,921.30).
Entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios supuestamente utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada 'extrafinanciamiento' (como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño.
Otros implicados en el Desfalco inhumano en salud también con medidas distintas a prisión
De igual manera, el Ministerio Público menciona que por este caso, el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario contra el exministro de Salud, Arturo Bendaña Pinel, por dos delitos de fraude y dos de prevaricato administrativo.
Mientras que a los ciudadanos Nelson Geovany Alvarenga Rodríguez y Vanessa María Urbizo Escobar, acusados de cooperadores necesarios del delito de fraude y Carlos Octavio Rivas Sánchez, señalado de violación de los deberes de los funcionarios, se les dictó medidas cautelares distintas a la prisión.