Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha denunciado este jueves un caso de corrupción por más de 314 millones de lempiras en el Congreso Nacional, en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales.
“El CNA ha sido bloqueado en sus intentos de obtener información clara sobre el manejo de estos recursos”, señaló Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.
De acuerdo al informe del CNA se revelan irregularidades graves en el manejo de estos fondos públicos en el Congreso Nacional.
"El Congreso Nacional, bajo la gestión de su actual presidente (Luis Redondo), ha erogado millonarias cantidades de dinero en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales, sin cumplir con el procedimiento legal y alejado de toda transparencia. No se publican los detalles de quiénes han recibido estos fondos ni cómo han sido ejecutados", señaló Castellanos.
En palabras de la directora los diputados, en su mayoría han optado por el silencio, ya que de los 256 congresistas contactados, y tan sólo "una mínima fracción ha cumplido con su obligación de rendir cuentas".
"La gran mayoría no ha enviado información sobre la liquidación de los fondos recibidos, lo que deja en evidencia una falta de transparencia y compromiso, no sólo con el CNA, sino para todo el pueblo hondureño. Es por ello que nuevamente exigimos respuestas, exigimos que se justifiquen los más de 314 millones de lempiras del dinero de las y los hondureños", añadió.
Requisito para otorgar subsidios y subvenciones
Según la investigación del CNA hay un requisito para emitir subsidios o subvenciones, debe existir un ordenamiento jurídico que establezca cuál va a ser la utilidad y la maniobra para liquidar los mismos.
"El decreto 156-2018 hizo una reforma por adición del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo donde incluyó los fondos departamentales estableciendo que para el momento de cualquier proyecto o ayuda social debe ser bajo el amparo de este punto para que los diputados puedan favorecer a sus comunidades".
La explicación del CNA continúa detallando con base a lo anterior que "en este punto podemos denotar que el decreto 116-2019 era el que regulaba dicho accionar pero es importante hacer alusión que este decreto sólo creó falsas expectativas para una falsa transparencia y rendición de cuentas que estaba enmascarado directamente con generar impunidad en virtud de que vimos cómo entorpeció el accionar del Ministerio Público para los casos judicializados con base a los fondos que manejaban el sector público para ayudas sociales, subsidios y subvenciones".
Los casos se dejan sin valor y efecto
Seguidamente el CNA afirmó que dentro de este apartado 116-2019, se dejó sin valor y efecto casos como Arca Abierta, entre otros.
"El Tribunal Superior de Cuentas emite finiquitos para dejar sin valor y efecto estas acciones por lo que de manera correcta mediante el decreto 56-2023 se derogó este decreto de impunidad denominado 116-2019 dejándolo sin validez pero a la misma vez dejó que no existiera ninguna normativa en la cual se pudieran amparar para hacer erogaciones por medio del Congreso Nacional para subsidios, subvenciones o ayudas sociales".