En Honduras, los delitos electorales están tipificados en el Código Penal y la Ley Electoral. Estas infracciones buscan proteger la integridad del proceso democrático y garantizar que las elecciones se realicen de manera justa y transparente.
El Ministerio Publico (MP) de Honduras informó que ha activado la Unidad Especial contra Delitos Electorales (Uecde) para investigar y perseguir los delitos electorales y conexos.
En un comunicado, el MP indicó que “no tolerará ninguna acción que atente contra el proceso democrático de marzo y noviembre de 2025” que actuará contra cualquier persona que comenta actos ilícitos antes, durante y después de las elecciones.
A continuación, se detallan algunos de los principales delitos electorales y sus respectivas sanciones:
· Coacción o amenaza al elector: Impedir que un ciudadano ejerza su derecho al voto mediante amenazas o coacción, la pnea es de 4 a 6 años de cárcel.
· Falsificación de documentos electorales: Alterar, destruir, suprimir u ocultar documentos relacionados con el proceso electoral, como actas de votación o registros oficiales. La sanción de 4 a 8 años de prisión
· Compra y venta de votos: Ofrecer o recibir beneficios a cambio del voto de un ciudadano. La pena es de 4 a 6 años de prisión.
· Suplantación de identidad: Votar haciéndose pasar por otra persona. Pena de 4 a 6 años de prisión.
· Violación del secreto del voto: Revelar o intentar conocer el sentido del voto de un elector sin su consentimiento. Pena de 4 a 6 años de prisión.
· Votación múltiple: Ejercer el derecho al voto más de una vez en una misma elección. Pena de 4 a 6 años de prisión.
· Manipulación del censo electoral: Alterar la base de datos del Censo Nacional Electoral o cambiar injustificadamente el tiempo y lugar de la votación. Pena de 4 a 6 años de prisión.
· Destrucción de propaganda electoral: Deteriorar o destruir propaganda electoral colocada en lugares públicos autorizados. Multa de 100 a 200 días.
Estas medidas buscan garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en el país, asegurando que la voluntad popular se exprese libremente y sin coacciones.