El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles un caso de corrupción relacionado con contratos millonarios de publicidad y propaganda, señalando a cuatro altos funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
El informe titulado "La Publicidad y Propaganda de la Corrupción" detalla que la Secretaría de Planificación Estratégica destinó más de 600 millones de lempiras entre 2022 y 2024 a través de la Dirección de Prensa del Gobierno, incumpliendo las normativas legales.
Funcionarios implicados
El CNA denunció ante el Ministerio Público (MP) al secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado; la exgerente administrativa de la dependencia, María Eugenia Maradiaga; y la actual gerente administrativa, Rosy Jaqueline Díaz, acusándolos de fraude y violación de deberes.
También señaló a los exministros de Finanzas, Rixi Moncada y Marlon Ochoa, junto con el actual ministro Christian Duarte, por malversación de fondos públicos mediante el uso indebido de recursos oficiales.
Rixi Moncada: Actual secretaria de Defensa Nacional y precandidata presidencial por el partido Libre.
Marlon Ochoa: Consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La denuncia incluye además a comerciantes individuales y empresas de fachada, acusadas de fraude.
Origen de los fondos
Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación del CNA, explicó que los fondos empleados provenían de:
Un remanente del Banco Central de Honduras (BCH).
La partida de contingencias 449 de la Administración Central.
Un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgado en 2022 para subsidiar combustibles.
Según Urbina, Rixi Moncada, como titular de Finanzas en su momento, autorizó desviar parte del préstamo para financiar publicidad, una acción que calificó de "reprochable" y un esquema para la posible malversación de fondos públicos.
Esquema de contratación
El decreto ejecutivo 001-2023 autorizó a la Dirección General de Información y Prensa, adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica, a realizar contrataciones directas de empresas para servicios de comunicación, publicidad, monitoreo y estudios de opinión.
El CNA reveló que se contrataron 180 empresas de publicidad:
66 empresas de fachada, sin registros en el territorio nacional.
42 empresas registradas, de las cuales 10 fueron recientemente creadas y ya denunciadas por fraude.
El resto no pudieron ser localizadas, según Urbina.
Los contratos incluyeron servicios como pauta publicitaria, elaboración de contenido, mediciones y asesorías, pero muchos carecieron de respaldo legal y técnico.
El CNA subrayó que las acciones denunciadas reflejan un esquema de corrupción sistémica, marcado por la desviación de recursos y la contratación irregular de empresas fantasma.
Aunque los casos están en manos del Ministerio Público, el impacto de estas irregularidades genera preocupación sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.